Diario Austral: Las heridas que aún no cierran en Rucamañío

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Al llegar las policías se encontraron con un dantesco cuadro, donde esparcidos por el predio estaban los cuerpos de los cinco comuneros que perdieron la vida en la recordada matanza.
Fotografía: Diario Austral de Osorno

Los cinco huilliches muertos que dejó la matanza entre comuneros cumplió diez años y la disputa por la tierra que originó el conflicto aún no se cierra del todo. La Conadi sigue en el foco de las críticas como responsable indirecta del fatal episodio.

Venían armados con palos, ha­chas y escope­tas (…) Apenas entraron, se fueron encima de mis padres, y en diez minutos los mataron a palos, dejándolos botados en el pasto».

Esto fue parte del testimo­nio de Rosario Lefíán Marileo, quien señaló que en ese ins­tante se encontraba en el inte­rior de su casa cuando a las 13 horas del miércoles 30 de enero de 2002 escuchó gritos que venían desde afuera. «Eran los Cumilef Llanquilef», familia con la que man­tenían una disputa territorial desde 1996.

Tras recibir una brutal gol­piza, los ancianos Luciano Lefián Naguil y María Marileo Huenuñán ambos de 84 años, cayeron moribundos al suelo de la pradera, mientras pasto­reaban en Rucamañío, sector que forma parte ahora de la comunidad Choroy-Traiguén, en Pucatrihue, San Juan de la Costa.

Al escuchar gritos, suma­dos a disparos, un hermano de Rosario, Erico (50) y su so­brino, José Panguilamún (30), salieron a ayudarlos, corrien­do la misma suerte de sus fa­miliares, pues la superioridad del grupo era aplastante. «También los mataron a pa­los», señaló Rosario. Asimis­mo, la sangrienta riña que du­ró más de media hora, costó la vida de uno de los agreso­res, Víctor Lemuy Mellillanca (60), quien recibió un dispa­ro.

La batalla fue motivada por conflictos de convivencia y por la tenencia de tierras, las mismas que hace más de 500 años compartían sin grandes sobresaltos, en me­dio de una naturaleza salvaje, profunda como el verde de sus montañas, árboles nativos y arenas blancas bañadas por el pacífico. Todo un paraje idí­lico, que se volvió triste, som­brío y cadavérico ese 30 de enero.

Tras la tragedia, hubo de­tenidos, quienes quedaron a disposición del Tercer Juzga­do del Crimen de Osorno, mientras que otros dos, estu­vieron por un tiempo en el Hospital Base, mientras se re­ponían de sus heridas. Ade­más, durante los días poste­riores otros siete huilliches es­tuvieron prófugos. Al finalizar el juicio cuatro participantes recibieron sentencia, entre ellos José Florentino Cumilef Llanquilef, quien oficiaba co­mo secretario de la comuni­dad indígena Choroy-Traiguen.

POR LA MADRE TIERRA

Esta histórica masacre entre dos familias huilliches tuvo su origen en 1997, por el traspa­so de 5.107 hectáreas del pre­dio fiscal Pucatrihue a la co­munidad Choroy-Traiguen, sin que se consideraran los derechos ancestrales sobre 600 hectáreas de la familia Lefián Marileo, reconocidos ante los tribunales de justicia.

La familia Lefián Marileo denunció a la Corporación Nacional de Desarrollo Indí­gena (Conadi) como la princi­pal responsable de la disputa territorial con el clan Cumilef Llanquilef, con cuyos inte­grantes ya poseían antece­dentes previos de violencia, y donde un grupo de ambas fa­milias fueron multados con una UTM por parte del juez Ignacio Sierpe Gutiérrez, del Juzgado de Policía Local de Osorno, por el delito de «cau­sarse lesiones leves en riña».

Este hecho se remonta al 17 de octubre de 2000, cuan­do un parte de la Tercera Co­misaría de Carabineros, asig­nado con el N° 527, denuncia a Eduardo Ancapan Báez, Arsenio Lefián Marileo, Erico Lefián Marileo, Juan Lefián Marileo, Florentino Cumilef Llanquilef y José del Carmen Maripán Epuyao, de haber participado en una riña y agredirse. Este antecedente fue suficiente para encender las alarmas, ya que era sin du­da un conflicto que estaba madurando y que más tem­prano que tarde iba a explo­tar.

Así, el 2 de enero del 2002, cerca de las cuatro de la madrugada, Juan Antonio Lefián Marileo, quien estaba en su casa en Rucamañío, junto a sus dos hijos de 15 y 18 años, fue víctima de un violento asalto de a los menos 18 per­sonas. «Los sacaron a golpes de su cama y desnudo, con­juntamente con sus hijos, lo continuaron golpeando entre todos con ensañamiento, pro­vocándole contusiones y frac­turas múltiples, procediendo a dejarlo botado en el camino y apoderándose de su casa habitación y de sus bienes y animales», consignaba la que­rella por asalto presentada el 8 de enero en el Tercer Juzga­do de Letras de Osorno.

Américo Acuña, abogado de la familia Lefián Marileo
Fotografía: Cristian Higueras

Quien fue testigo privile­giado de estos hechos, fue el ex parlamentario y abogado Américo Acuña, quien representó a los Lefián Marileo, tanto en este ataque, como en la posterior matanza. De acuerdo a Acuña, la investiga­ción nunca tuvo un final acor­de a las circunstancias que se vivieran. Al final, dice, esta si­tuación fue calificada por los Tribunales como confusa y nunca se pudo determinar con claridad cómo fueron los hechos delictuales. «Estaba claro que se decidió en algún momento, poco menos que expulsar a los Lefián Marileo de Rucamañío; porque esta gente nunca se integró a la co­munidad. Ellos reclamaban el fundo de Rucamañío, ya que lo estaban trabajando desde épocas ancestrales y se man­tenía la raíz familiar», expre­só el abogado, en conversa­ción con El Austral.

ROL DE LA CONADI

Para el abogado, aquí el gran responsable político fue la Conadi, a la que califica de torpe en su accionar, sin te­ner el tacto ni la suficiente ca­pacidad para prevenir y evi­tar un hecho de esta naturale­za, que a todas luces estaba en un punto de ebullición. «La Conadi, en una política muy torpe en su época, inte­gró esos fundos en un gran paquete de tierras fiscales, y se las cedió a una comunidad: la Choroy Traiguén, que es la que se constituyo y legalizó, por lo que lograron obtener esos títulos», plantea el ex di­putado.

Si bien estaba dentro de la legalidad dicha medida, lo cierto, sostiene el querellante en ese entonces, hubo un «gran desacierto por parte del gobierno de esa época» a través de la Conadi, porque había un foco de rencilla, pa­sándose a llevar una historia constatada.

Por aquella época de 2002 el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, responsabi­lizó directamente a la comu­nidad Choroy-Traiguén, propietaria de la gran mayoría de los terrenos en litigio, de no haber tenido la voluntad sufi­ciente para lograr concilia­ción alguna sobre la disputa.

«Que a estas alturas del Si­glo XXI se resuelvan los pro­blemas de tierra mediante es­te mecanismo no tiene justifi­cación alguna. Nos deja acon­gojados porque se trata de al­go muy grave. Claramente la parte que tiene la mayoría de los terrenos (Choroy-Traiguen) no ha dado muestras de buena voluntad», dijo.

CICATRICES

A una década de las cinco muertes, el tema de la tenen­cia de tierras aún no ha sido zanjado del todo por parte de la Conadi, a la que acusan de estancar la entrega de títulos de dominio, que repercute negativamente en las fami­lias, ya que no pueden postu­lar a subsidios rurales.

Por ello, el pasado 29 de noviembre las dependencias del organismo público en Osorno estuvieron tomadas por más de cinco horas por la misma Comunidad Choroy-Traiguén, que busca -de ma­nera definitiva-, la división de los terrenos que ellos mismos habían obtenido para el gru­po de familias que la integran.

La presidenta de la agru­pación, Teresa Maripán, ex­plicó durante la movilización que hay gente que no perte­nece a la comunidad y que es­tán pidiendo la parcelación y entrega de escrituras a cada una de las 80 familias, que su­man cerca de 300 personas. «Se nos dejó $45 millones pa­ra trabajar y a la fecha no sa­bemos qué pasó con el dine­ro», dijo la dirigente.

RECUERDOS

Respecto a la conmemora­ción de los 10 años de los he­chos de Rucamañío, Teresa Maripán manifestó no estar preparada para hablar de lo sucedido, ya que está inserta en un trabajo que podría zan­jar el tema que llevó al conflic­to. «Estamos en plan de tér­mino de la subdivisión. Esto viene a mejorar y aclarar al­gunos temas que llevaron a la tragedia. Estamos en los as­pectos finales. Todas las fami­lias están involucradas», deta­lló brevemente.

Por su parte, Víctor Altamirano, encargado de tierras de la Conadi, reconoció que el proceso ha sido difícil, que hoy se está en un pie distinto y que llevará a la entrega de tí­tulos a las familias.

«Por lo que tengo entendi­do, la comunidad Choroy-Traiguén posee el registro de dominio y está reconociendo la ocupación de las familias que no pertenecen a ella. De acuerdo a eso se está termi­nando un trabajo de subdivi­sión», afirmó el personero.

Producto de la última to­ma ocurrida en noviembre, el próximo mes debería estar listo el trabajo topográfico y de mensura, por lo que se es­taría en condiciones de elabo­rar las respectivas escrituras. Proceso en el que está la fami­lia Lefián Marileo, quienes, de acuerdo a Altamirano, van a seguir un proceso de reivin­dicación territorial, a través de la ley indígena.

«Si la tierra es insuficiente para ellos, tienen la posibili­dad de reivindicar un territo­rio y reclamar por qué sus te­rrenos han sido reducidos», aclaró.

En tanto, otra de las per­sonas que ha estado cerca de esta historia, es la concejal de San Juan de la Costa, Olga Llaitul, quien dice que lo ocu­rrido en Rucamañío no debe [el artículo está inconcluso en la fuente]


Historia de propiedad

En 1847, amparados en la falta de regulación que existía pa­ra la adquisición de tierras en la zona, los primeros particula­res se apropian de extensas porciones en San Juan de la Costa. La Unión y los llanos de Osorno. Francisco Cristóbal Kindermann y Juan Renous, inscriben a su nombre casi toda la zona cordillerana a través de los predios Llesquehue y Cordillera de Río Blanco, los que deslindaban desde el río Llesquehue por el norte hasta Hueyusca por el sur, por el este la cordillera y por el oeste el océano Pacífico.


Fuente: Diario Austral de Osorno (05.02.2012) [Requiere registrarse en «El Mercurio S.A.P»]

 


Más información
Fütawillimapu: Miércoles 30 de enero de 2002: El día en que todos fallamos
Fütawillimapu: Paislobo: Autoridades brillaron por su ausencia en recordatorio a víctimas de Rucamañio
Kuifi Nemül’ (Palabras Antiguas), Historia Mapuche Williche [PDF]

Tamün srakisuam
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